La Asociación Española de Acuicultura Continental (Esacua) mostró ayer su rechazo y perplejidad por la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a incluir en el Catálogo nacional de Especies invasoras a la trucha arco iris, entre otros animales. La presidenta de Esacua, Luz Arregui, declaró al respecto que los piscicultores están «estupefactos» ante el fallo del Tribunal Supremo en lo que respecta a la trucha arco iris, porque considerarla invasora en España «no se sustenta técnicamente». | efe

Se trata de la misma sentencia en la que el alto tribunal determina la prohibición de la cría de cangrejo rojo, lo que en Andalucía ha movilizado a los habitantes de la zona del Bajo Guadalquivir.

En el caso de la trucha arco iris, el dictamen permite su cultivo, pero impide las sueltas y repoblaciones con esa especie, lo que «supondrá un gran impacto para la pesca deportiva y el turismo rural», según la presidenta de Esacua.

La sentencia y la clasificación como especie invasora «nos pone en una situación complicada y crea inseguridad jurídica», ha subrayado Arregui.

Esacua también ha argumentado que la trucha arco iris se introdujo en el territorio nacional a finales de XIX, «no ha sido nunca invasora en España», es «una especie domesticada y sin riesgo para el medio ambiente».

La trucha es la principal especie acuícola obtenida en España, con 16.000 toneladas, que se cultiva en unas 200 granjas de unas 14 autonomías y que genera mil empleos directos en su cría -sin incluir procesado, comercialización o pesca deportiva-;

La mayor parte este volumen pertenece a la especie arco iris, destinada al consumo humano, según Esacua, que ha detallado que la producción de otras variedades como la trucha común o fario es muy pequeña.

El comercio de trucha fresca en España supone 81,7 millones de euros anuales; sus exportaciones alcanzan 7.764 toneladas y 22,2 millones de euros.

El abogado especializado en industria alimentaria Fernando Otero-Lourido ha explicado a Efeagro que la sentencia «no prohíbe» el cultivo de trucha arco iris, sino que lo mantiene con «ciertos condicionantes», la mayor parte de los cuales ya se aplican.

Se ha referido, concretamente, a la obligación de que las truchas de piscifactorías estén «aisladas biológicamente» para que no haya escapes, lo que en la práctica «ya cumplen las empresas».

Otero-Lourido y la responsable de Esacua ha insistido en que muchas de las granjas disponen de certificaciones ambientales muy «exigentes» a escala mundial, lo que garantiza el aislamiento de sus instalaciones.

Según Arregui, pensar en cerrar España al cultivo de trucha sería un «disparate» y convertiría al país en el «hazmerreír» de la Unión Europea (UE), donde es la primera especie de pescado de acuicultura (178.274 toneladas) y está considerada «segura» para el entorno.

Respecto a la suelta, Otero-Lurido ha señalado que las empresas privadas no la realizan, sino que corresponde a las administraciones autonómicas que en algunos casos, como Galicia, tienen piscifactorías públicas